Frente común de Unidas Podemos, buena parte de los socios nacionalistas y progresistas del Gobierno y el Sindicato de Inquilinos, uno de los colectivos que con más ahínco defiende la puesta en marcha de la regulación de precios del alquiler. Este jueves, este grupo exigió públicamente al Ejecutivo frente al Congreso que no siga adelante con sus planes de recurrir la ley catalana aprobada en noviembre del año pasado que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas. Y su reivindicación contó con el apoyo de la parte morada del Gobierno, así como de ERC, JxCat, la CUP, EH Bildu, Más País y Compromís.

"Gracias a la ciudadanía ya tenemos en Cataluña una ley que regula los precios del alquiler que ha tenido efectos muy positivos, estamos viendo en Barcelona como a familias a las que les querían subir el alquiler de 1.000 a 2.000 euros gracias a esta ley no les están subiendo el precio", explicó Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters catalán. Y, por ello, "venimos a decirle al Gobierno que no puede insinuar que va a tumbar esta ley, lo que toca ahora es ampliar esta regulación de los alquileres al resto del Estado, porque hay millones de familias que siguen pagando alquileres extremadamente altos mientras sus ingresos no han hecho otra cosa que bajar", espetó.

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La reivindicación se produce apenas un día después de que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, insinuara en el Congreso que el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para derribar esta norma. "Si una ley autonómica vulnera el marco competencial, yo tengo políticamente, moralmente y legalmente la obligación de presentar ese recurso", apuntó Iceta, algo que para Palomera responde a las "enormes presiones de los fondos buitre". "Lo que intentan es que no se cumpla el acuerdo de Gobierno y que, si en algún lugar se impulsa una ley que limita el precio de los alquileres, tumbarla" para evitar que limite sus "beneficios", denuncia el Sindicato de Inquilinos.

"Justamente por eso, lo que tiene que demostrar un Gobierno que se denomina progresista es que no va a ceder a esas presiones y que va a tomar nota de una ley que está funcionando en Cataluña y permitir que miles de familias que no viven en Cataluña se puedan beneficiar de una regulación de alquileres" similar, zanjó Palomera. El portavoz del colectivo, además, rechazó que la norma limite la oferta, uno de los argumentos utilizados recurrentemente por sus detractores. "Eso ha pasado, los precios bajan en los municipios donde está regulado el alquiler mientras suben en los que no, y el número de contratos no baja", aseguró.

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Asimismo, ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem -la rama catalana de Unidas Podemos- firmaron una declaración escrita en la que se comprometieron a defender la ley catalana "hasta las últimas consecuencias". "Se trata de una ley basada en el Codi Civil catalán y que en ningún caso invade competencias estatales", denuncia este texto, que espeta que "no es admisible el uso de argumentos supuestamente jurídicos para esconder lo que en realidad son diferencias políticas".

Este movimiento de Unidas Podemos y buena parte de los habituales socios parlamentarios del Gobierno se produce en un momento de parálisis en la negociación de la ley de vivienda, que suma ya más de tres meses de retraso con respecto al calendario comprometido pero que no tiene visos de ser pactada pronto. El PSOE sigue negándose a establecer un mecanismo de limitación de precios del alquiler y solo acepta ofrecer exenciones fiscales a los propietarios que bajen precios, mientras para Unidas Podemos el tope de precios es irrenunciable.